El panorama del mercado inmobiliario en España está a punto de experimentar una transformación fundamental con la llegada del nuevo Plan Estatal de Vivienda, que el Gobierno ha planeado poner en marcha a partir de 2026. Anunciado por el ejecutivo de Pedro Sánchez, este plan se caracteriza por un aumento significativo en el presupuesto destinado a la vivienda pública. Sin embargo, preocupan los datos facilitados por la Intervención General de la Administración del Estado, que reflejan que solo se ha ejecutado un 41,6% de los 4.175 millones de euros asignados al Ministerio de Vivienda para 2024, lo que subraya la importancia de una gestión presupuestaria más eficiente.
Mercedes Blanco, quien dirige Vecinos Felices y forma parte del equipo directivo de Fincas Blanco, ha subrayado la necesidad de acompañar las buenas intenciones con una planificación adecuada y sostenible. Según Blanco, es crucial diseñar un plan de vivienda a largo plazo que cuente con un presupuesto coherente y transparente, permitiendo un mercado de alquiler accesible y sostenible para la población.
Entre los elementos recién anunciados, se destaca la creación de una empresa pública de vivienda, programada para comenzar operaciones en el primer semestre del próximo año. Este nuevo organismo tendrá la responsabilidad de gestionar un portfolio de más de 30.000 viviendas provenientes del denominado ‘banco malo’, de las cuales 13.000 estarán listas para su uso inmediato. No obstante, Blanco hace hincapié en que el éxito de este plan dependerá de su capacidad para establecer objetivos que trasciendan las metas inmediatas, articulando una estrategia integral que contemple el medio y largo plazo.
Además, frente a las proyecciones futuras, Blanco insiste en la importancia de ajustar las políticas a las tendencias demográficas y sociales emergentes, como el aumento de las familias monoparentales. Entre sus propuestas, destaca la necesidad de incrementar la edificabilidad y permitir la segregación de fincas, lo que podría fomentar la densidad poblacional en áreas clave, así como desarrollar infraestructuras que faciliten el acceso a viviendas situadas cerca de grandes urbes.
En el ámbito del alquiler, Blanco señala que aunque se han aprobado 200 millones de euros en octubre para el Bono Alquiler Joven, estos fondos aún no han sido aprovechados por varias comunidades autónomas debido a la falta de convocatorias necesarias. En su opinión, es esencial establecer un mercado de alquiler que sea accesible, lo cual podría lograrse mediante un incremento en la cantidad de licencias disponibles para la conversión de locales comerciales en viviendas, siempre que esta conversión no dependa únicamente del sector privado.
Mercedes Blanco alerta que sin un compromiso económico por parte del sector público, las soluciones propuestas serán insuficientes y el problema estructural de la vivienda continuará sin resolverse. Subraya la necesidad de redistribuir los ingresos obtenidos del mercado de la vivienda, que actualmente proporcionan ingresos significativos a través de impuestos. Por tanto, una parte de estos recursos debería ser destinada a políticas efectivas que fomenten el acceso a la vivienda en régimen de alquiler.