España está experimentando un notable cambio en el ámbito de las inversiones en centros de datos, motivado principalmente por las nuevas exigencias de sostenibilidad y la accesibilidad a la red eléctrica. En este dinámico escenario, la disponibilidad real de capacidad eléctrica y los costos asociados se han convertido en factores cruciales para determinar la viabilidad de futuros proyectos en el sector.
El Gobierno ha introducido un proyecto de real decreto, actualmente en proceso de tramitación, que establece nuevos requisitos en cuanto a sostenibilidad energética, hídrica y de soberanía digital. Estas directrices serán determinantes para la concesión y la continuidad de los permisos de conexión a la red eléctrica. En concreto, se estipula que los centros de datos con una potencia de acceso igual o superior a 1 MW deben garantizar que al menos el 80% de su consumo eléctrico provenga de fuentes renovables, hasta que las energías renovables representen el 90% del mix eléctrico.
Este marco normativo trae consigo una complejidad considerable, especialmente para aquellos proyectos que aún no cuentan con los permisos necesarios de acceso. Estos deberán integrar las nuevas exigencias en sus etapas de diseño y planificación financiera. Por su parte, los proyectos que ya tienen autorización pero no están conectados a la red, enfrentarán desafíos adicionales para conformarse a la normativa. Javier García, socio de GTA Villamagna, recalca que la proximidad a una subestación eléctrica no asegura la obtención de permisos, y alerta sobre posibles riesgos legales si los promotores avanzan con compras de terrenos o financiamiento sin completar este proceso.
Desde el inicio del desarrollo de un centro de datos, la capacidad eléctrica se presenta como un factor vital. Aunque un terreno pueda parecer idóneo desde un punto de vista urbanístico y medioambiental, la demanda en el punto de conexión o la necesidad de mejorar la infraestructura existente pueden impactar seriamente en su viabilidad económica. Adicionalmente, dado que los centros de datos requieren un suministro constante de energía, las variaciones en la generación eólica y solar podrían complicar el cumplimiento con el nuevo decreto.
Además, cuestiones como la disponibilidad de agua y las regulaciones urbanísticas y ambientales también son esenciales. Es vital contar con un uso legalizando del agua, sea a través de redes municipales o captaciones directas, y cumplir con normativas de vertidos. En GTA Villamagna subrayan la importancia de que los promotores aseguren el cumplimiento del planeamiento urbanístico y obtengan todas las licencias municipales y autorizaciones ambientales previas a cualquier compromiso financiero.
Para los proyectos en desarrollo, la nueva normativa también acarreará impactos significativos. Las solicitudes pendientes de permisos deberán adaptarse a los nuevos requerimientos, y aquellos que aún no estén conectados a la red tendrán un plazo para demostrar que cumplen los criterios de sostenibilidad. De no lograrlo, los permisos podían expirar.
Este nuevo panorama requiere que los inversores realicen exhaustivas revisiones legales antes de embarcarse en un proyecto, evaluando minuciosamente las condiciones para obtener permisos y la viabilidad de una conexión eléctrica efectiva. Las decisiones que se tomen bajo este nuevo marco regulatorio tendrán un peso crucial en la dirección futura de las inversiones en centros de datos del país.
Finalmente, aunque estas regulaciones podrían estructurar un sector en crecimiento, su éxito dependerá de la seguridad jurídica que brinden a los inversores, así como de su capacidad para atraer proyectos viables sin desincentivar a los inversores hacia otros países dentro de la Unión Europea.