La contratación pública en España enfrenta un debate crucial debido a preocupaciones sobre la eficacia y competitividad en los procesos de adjudicación. Un análisis de la plataforma licitaciones.io ha revelado una reducción en la competencia efectiva, especialmente en licitaciones que dependen de bases instaladas, repuestos específicos o referencias cerradas de catálogo.
Datos de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon) muestran que casi el 40% de las adjudicaciones se resuelven con un único licitador, si se excluyen los procedimientos negociados sin publicidad. Además, la concurrencia media descendió a 2,99 ofertas por procedimiento en 2023, el nivel más bajo registrado y por debajo de las 4,09 ofertas de 2019.
Ignacio Huertas, fundador de licitaciones.io, advierte que estos datos son una señal de alerta sobre la estructura del mercado. En lugar de una variedad de competencias o soluciones, prevalece una competencia limitada a distribuidores autorizados de una sola marca. Huertas sostiene que «la competencia no se defiende el día de la adjudicación, se gana o se pierde cuando se redacta el pliego».
Aunque la dependencia de proveedores no siempre indica corrupción, puede ser problemática si se perpetúa sin revisión. Licitaciones.io destaca la necesidad de evaluar esta dependencia, que a menudo surge de decisiones que, aunque razonables, resultan en una falta de alternativas competitivas. Las condiciones de los pliegos y la gestión de contratos prolongados pueden crear un entorno en el que la única opción sea un proveedor específico.
Huertas aclara que, aunque legales, estas prácticas no garantizan competitividad, y podrían llevar a la Administración a pagar más por servicios. En sectores críticos como el ferroviario, sanitario o energético, depender de un solo proveedor puede representar una vulnerabilidad estratégica.
El principal obstáculo para mejorar esta situación no es técnico ni normativo, sino la falta de voluntad para diseñar licitaciones verdaderamente abiertas. En vez de ver la exclusividad de un licitador como anecdótica, es esencial reconocerla como un indicador que requiere atención y acción. Este cambio podría ser un paso hacia una contratación pública más efectiva y competitiva en España.